La ofensiva contra las polémicas normas de “camiones limpios” de California acaba de recibir un golpe devastador. Un tribunal federal congeló el Acuerdo de Camiones Limpios, desarmando el último intento del estado por imponer estándares ambientales que el Congreso y el presidente Donald Trump ya habían eliminado.

El conflicto arrancó cuando California insistió en aplicar las normas de emisiones Advanced Clean Trucks y otras regulaciones de cero emisiones, aun después de haber sido anuladas por el Congreso mediante la Ley de Revisión del Congreso. Pese a ello, el gobernador Gavin Newsom firmó una orden ejecutiva para seguir adelante e incluso premiar a fabricantes que cumplieran estándares ya invalidados.

La tensión estalló cuando los principales fabricantes —Daimler, Volvo, Paccar e International—, que habían firmado en 2023 la “Alianza para Camiones Limpios”, fueron presionados por el Departamento de Justicia para ignorar el acuerdo, al considerarlo ilegal. Poco después, la FTC cerró una investigación antimonopolio porque los fabricantes aceptaron no aplicarlo.

Pero California no se detuvo: CARB advirtió que las normas podrían aplicarse retroactivamente si ganaban en tribunales. Luego demandó a los fabricantes por incumplimiento de contrato.

El 31 de octubre todo se vino abajo. La jueza Dena Coggins concedió el congelamiento del acuerdo, afirmando que los argumentos de California “se han desvanecido” y ya “suenan a hueco”.

Con el acuerdo paralizado y sin respaldo federal, California enfrenta su mayor derrota en su guerra por imponer normas de emisiones: su última carta se reduce ahora a ganar la demanda contra las resoluciones del Congreso, una batalla cuesta arriba.